Estamos en abril, muchas familias lo acaban de solicitar y aún no saben cómo gestionar su bono social. Un nuevo bono social que marca unos límites claros de consumo para cada unidad familiar. Fuera de los mismos el precio de la energía asciende al denominado PVPC, poco importa la realidad de cada vivienda, la calidad de la edificación, las distintas formas de uso que se realizan, etc.
Algo que ya ha constatado Ecoserveis dentro de su proyecto SmartUp. Por tanto, si analizamos nuestra realidad más cercana pedimos hacer un simple cálculo a todas las personas que normalmente compartís nuestras noticias con interés, coged una factura y multiplicad por doce el concepto de consumo. Si es inferior a las propuestas por el RD del Bono Social: Enhorabuena, si por el contrario la suma es superior, la cosa es bien distinta.
El descuento será entonces un parte de la factura total, nada que ver con el anterior bono social que tenía unas condiciones diferentes, donde el bono no contaba con límites de consumo. Tal vez, es justo reconocer que no era tampoco el mejor sistema. Pero no condicionaba los consumos de las familias de manera tan clara, ya que dependiendo de la realidad de la vivienda , el sistema de calefacción, etc. Podemos encontrar familias cuya vulnerabilidad energética esté totalmente vinculada a la electricidad, sin otra opción que incurrir en prácticas que empeorarán considerablemente su calidad de vida, la seguridad de la vivienda y en el fondo lograrán que una medida pensada para frenar la vulnerabilidad energética, se transforme en una medida que fomente en parte esa vulnerabilidad.
En esta decisión de no valorar correctamente las cantidades máximas de consumo, podemos incurrir en costes superiores para familias que no cuentan con los recursos necesarios. Eso se suma a la falta de protocolos ya en marcha para valorar correctamente la denominada población en situación de «exclusión social» que en teoría deja su factura en manos de la administración competente en el ámbito social (50%) y la empresa (50%).
Según Facua de los 5,5 millones de potenciales hogares beneficiarios, solo 623.000 lo han solicitado y tan solo 319.000 cuentan con el mismo. Contrastando de manera muy clara con los más de 2,3 millones de hogares que hasta este mes de abril se beneficiaban del descuento en sus facturas. Una causa que ha llevado al Gobierno a ampliar el plazo de solicitud inicial hasta el próximo día diez de octubre. Parcialmente dando la razón a las entidades y personas que consideran mal implementado el nuevo bono social.
Tratando de no solo señalar el problema, sino de al menos tratar de dar alguna pauta para lograr la solución vamos a aportar los datos de www.comparatarifasenergia.es una website que se molestó en hacer unos cálculos por número de personas en el hogar (tanto de luz como de gas), basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares (2015) del INE.
En el caso del Anteproyecto de la Ley Andaluza de garantías de suministros básicos mínimos vitales, se hablaba en declaraciones de prensa de unos 1.400 kWh por persona y año en el hogar. Dejando muy atrás en cantidad los parámetros en los que se ha instaurado el nuevo bono social.
Dentro de las medidas que se proponen en diferentes estudios como el estudio: Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética «Nuevos enfoques de análisis» de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y otros artículos como el citado anteriormente de Ecoserveis, se incluye el cálculo o la toma en consideración de parámetros como kWh/m², €/m², etc. La importancia de la zona climática, el tipo de combustible que alimenta la vivienda, etc.
El próximo lunes en Madrid, se celebra el I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética organizado desde ACA. Allí expresaremos las limitaciones observadas e intercambiaremos con el resto de profesionales y personas interesadas las buenas prácticas ya instauradas.