Es imposible

Se avecina un invierno duro para los hogares cuya calefacción sea eléctrica. Desde el programa de educación financiera familiar y pobreza energética de la FFM Isadora Duncan, hemos simulado varias facturas para distintas familias a las que asesoramos y consideramos que estamos a tiempo de solicitar medidas específicas y pedir el desarrollo de varias de las que se plantean en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE).

Existen cuatro indicadores clave para conocer si un hogar o familia está en situación de pobreza energética:

1. Gasto desproporcionado: porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana del país.
2. Pobreza energética escondida: porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana del país.
3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno
4. Retraso en el pago de facturas: porcentaje de la población con retrasos en el pago de los suministros de la vivienda.

Con el actual precio del kWh en mercado regulado y los precios que se pagan por el kWh en mercado libre, podemos afirmar que el invierno va a ser muy duro para los hogares que cuenten con un sistema de calefacción eléctrico. Por mucho que baje el precio de la energía en los próximos meses, el kWh de los períodos valle de años anteriores (de 22h a 12h)  estará al doble o incluso al triple del precio que se venía abonando, algo que hace inviable mantener una correcta temperatura de la vivienda y una factura asumible para las familias.

Al igual que se han bloqueado los precios del gas natural, que actualmente está a precios imposibles para un mercado doméstico, limitando el impacto del precio internacional en las facturas invernales. Se debe analizar el volumen de domicilios con alto consumo en kWh concentrado en los meses de invierno (algo que se puede solicitar a las distribuidoras eléctricas gracias a la telegestión) y mitigar o igualar en precios a esos hogares para que puedan disponer de calefacción en los próximos meses. De no ser así, tendremos impagos masivos, problemas para mantener los suministros, cortes en muchas unidades familiares y una pobreza energética que no tendrá freno hasta bien entrada la primavera.

Para un hogar con un gasto anual de unos 10.000 kWh (cifra que incluye todos los consumos de electricidad, el agua caliente sanitaria y la calefacción) se va a pasar de un pago anual de unos 1.200€ en el año 2020 (con los condicionantes de la pandemia a partir de marzo, pero con un precio «normal» de la energía en los meses invernales) a unos 2.400€ para el año 2021. Una cantidad inasumible y concentrada en los meses invernales, en los que llegarán facturas por importes de 300 o 400€ mensuales.

A falta de datos concretos más actuales, debido a que el Censo de 2011 carece del nivel de detalle deseado, nos encontramos a más de un millón de hogares en riesgo directo por falta de un suministro asequible para la calefacción y casi tres millones y medio que puntualmente utilizan las la electricidad como sistema de calefacción y que elevan la cifra de los hogares afectados por encima de los cuatro millones. Si aplicamos el tamaño medio de los hogares en España, cerca de diez millones de personas se verán afectadas en mayor o menor medida por la situación que exponemos.

En el caso de datos más sectoriales tenemos el informe SPAHOUSEC, que también utiliza de base el censo de 2001, e indica que «las fuentes energéticas utilizadas mayoritariamente en calefacción son la electricidad (46%) y el gas natural (32%). En la zona Mediterránea prepondera la electricidad, mientras que en la zona Continental, ocurre lo propio con el gas natural.«, sumando a la ello que en el caso del agua caliente sanitaria: «las fuentes energéticas más utilizadas son el gas natural (40%), el butano (26%) y la electricidad (22%)«. En el caso del estudio SPAHOUSEC II (centrado en el consumo de gas natural en viviendas principales) vemos que el gasto en kWh para una vivienda en un bloque en España se sitúa entre los 5.500 y los 9.500 kWh, a los que aún se deberían sumar el consumo para electrodoméstica e iluminación (el supuesto es para viviendas principales en bloque, para las unifamiliares el consumo aún es mayor).

Se trata de una situación que debe abordarse ya desde las diferentes fuerzas políticas e implicar a las empresas distribuidoras, ya que la opción menos lesiva para el mercado eléctrico español sería una suerte de déficit de tarifa como la adoptada para el precio del gas natural. El caso afecta exclusivamente a los hogares que cuenten con la electricidad como único suministro energético. La opción sería mantener un precio del kWh bonificado al menos en las horas valle actuales, y modificar a medio plazo la normativa actual de cargos y peajes, ya que, mientras que para las familias con consumos entre 3.000 y 4.000 kWh la normativa actual no es un gran cambio, más allá del evidente trastorno de los precios de la energía. Muchas familias que dependen exclusivamente de la electricidad pasan a estar totalmente desprotegidas y condenadas a una pobreza energética estructural, ya que muy pocos hogares en España pueden afrontar mensualmente facturas por esos importes.

A ello se suma un bono social capado, que ya hemos denunciado en otras ocasiones, que limita el consumo al entener que hay disponibilidad económica ilimitada para gastar energía. Algo que el anterior bono social (sin límites de renta, ni de consumo) desmentía totalmente. Por lo que deslimitar el bono social, al menos en 2021 y primer trimestre de 2022, sería una manera de paliar en parte la situación de las familias con calefacción eléctrica y bono social eléctrico reconocido.

También cabe recordar el retraso en el pago del bono social térmico de las diferentes Comunidades Autónomas y la falta de desarrollo de la figura de exclusión social que se refleja en el actual bono social eléctrico y que sólo la Comunidad Autónoma de Galicia ha dado paso para hacerlo una figura efectiva con todas las consecuencias. Ese reconocimiento lleva aparejado el pago del 50% de la factura por la administración competente en servicios sociales, logrando que la deuda a compensar por parte de la persona o familia sea reparada por el sistema. Mientras que las figuras de vulnerable (25% de descuento) o vulnerable severo (40% de descuento) dejan en manos de la persona o familia el 75% o el 60% del peso de la factura, siempre que no superen el límite de kWh en cuyo caso el descuento es menor.

Por ello, desde la FFM Isadora Duncan proponemos varias medidas:

• La creación de un kWh reducido en el mercado eléctrico destinado a personas y familias vulnerables para soportar el invierno de 2021 y el primer trimestre del 2022, similar al bloqueo del precio del gas natural.
• Desarrollar la medida 3 de la ENPE y conocer el gasto térmico de los hogares y familias vulnerables por zonas climáticas, sin olvidar el tipo de calefacción que utilizan para poder articular medidas concretas a problemas como el actual.
• Llevar a cabo la medida 4 de la ENPE que promovía crear un nuevo bono social energético, que sería automático (algo muy interesante en esta situación) y universalizaba el mismo al afectar a todas las fuentes de suministro. Sin olvidar que el nuevo bono social cubra la totalidad de los kWh consumidos por los hogares y las familias.
• Transformar la medida 6 de la ENPE sobre protección a los consumidores en situaciones meteorológicas extremas en una tregua invernal, que permita a las familias y hogares tener una transición desde el modelo de peajes pasado al nuevo, focalizado en los suministros con alto consumo de kWh. Será necesaria la aplicación de una tregua invernal para ellos, ya que son los más expuestos al precio del mercado mayorista y actualmente los que están en un grave riesgo de pobreza energética teniendo en cuenta el indicador de gasto en relación a la renta disponible.