España es uno de los países con mayor «inclusión financiera», eso se deduce oficialmente porque la mayoría de las personas y familias que vivimos aquí tenemos abierta una cuenta corriente (98%).
¿Es eso inclusión financiera?
En nuestra opinión no, porque se queda en la parte más superficial de nuestra economía. Unos datos que en opinión de las entidades agrupadas en la AEB tiene un importante problema, la falta de acceso a los servicios financieros que se está provocando en el «medio rural» con la caída de las cajas de ahorros, una caída que ha conllevado una reducción de sucursales, que han cerrado en cascada y están dejando a muchas poblaciones sin acceso a las entidades tradicionales.
Algo que desde Gestión Familiar también consideramos un problema, ya que nuestra intención es que las familias puedan contar con servicios adaptados a sus necesidades residan donde residan. Pero realmente el mayor problema asociado a la quiebra de las cajas de ahorro, ha sido el incremento de los costes en todo lo relativo mantenimientos y comisiones, un incremento que ha afectado a las partes más débiles de la sociedad.
¿Hablamos de comisiones, es eso?
Sí, hablamos de «comisiones» una impresionante cantidad de importes que aparecen en nuestra libreta o extracto cada vez que se actualizan.
La pérdida de servicios de carácter tradicionalmente gratuito, como eran realizar ingresos en la oficina, pago de recibos, transferencias a otras cuentas, etc. Está limitando en cierto modo el acceso a la banca presencial a la clientela de menores rentas, algo que se defenderá como lógico dentro de los sectores de la banca mediante la creación de apps, medios de banca online, etc.. Pero que choca frontalmente con la realidad de las personas que acuden a «entidades colaboradoras» de la Administración en el caso de tasas y precios públicos, o bien deben abrir una cuenta para ingresar el cobro de ayudas públicas, o directamente deben utilizar efectivo como único medio de pago. Una decisión que se toma por miedo a posibles recargos, reclamaciones en cuenta y tasas, que el banco repercute a las personas titulares de las cuentas, y que en determinadas unidades familiares suponen importes muy elevados (a los que se le pueden sumar importantes intereses). Sumado a la cada vez más habitual comisión por disponer de una tarjeta de débito en muchos casos.
¿De qué estamos hablando entonces, existen cuentas sin ninguna comisión?
La Unión Europea aprobó en el año 2014 una Directiva para lograr esto, se trata de la Directiva 2014/92/UE. En ella se desarrolla la creación de una Cuenta de Pagos Básica. En el caso de España, se aprobó el 24 de noviembre de 2017 el Real Decreto: 19/2017 sobre las cuentas de pagos básicas y la necesidad de intensificar a las personas en condición de «exclusión financiera».
¿Entonces hay cuentas sin comisiones?
No, de momento. El Gobierno está desarrollando una Orden del Ministerio de Economía y Empresa, y cuando salga publicada existirán las Cuentas de Pagos Básicas con un coste máximo de 36€ de comisión anual y con acceso a una tarjeta de débito. Pero las cuentas dedicadas a las personas en «exclusión financiera» deberán esperar.
¿Y para cuándo cuentas sin comisiones?
Pues cuando el Gobierno apruebe un Real Decreto que fije quién tiene derecho a ellas, serán cuentas de pagos básicas que se considerarán de exclusión financiera. En ellas estarán la mayor parte de las personas que actualmente cobran las denominadas Rentas Mínimas de Inserción (que tienen nombres diferentes en cada Comunidad Autónoma), que suman una inversión total de casi 1.500 M de €uros.
Utilizando indicadores de la investigación de Van Dijk Management Consultants para la Comisión Europea (2009) nos encontramos que España es el segundo país más caro de Europa en lo relativo a costes bancarios, solamente superado por Italia. Unos costes que de media suponen 134,06€ anuales, para un uso básico de una cuenta corriente. Teniendo en cuenta ese dato, hemos recurrido a un cálculo simple para conocer una estimación de las transferencias de dinero anuales que desde las RMI se realizan a la banca.
Hay que destacar que los 134,06€ se referían al año 2009, y que observando el comportamiento de las comisiones bancarias en la página web del Banco de España se puede deducir que seguirán rondando ese importe en la mayoría de familias beneficiarias, o incluso superarán esos valores, ya que las familias perceptoras de RMI suelen incurrir en penalizaciones y comisiones que aumentan aún más el coste anual de manera recurrente.
La semana pasada participamos en un Seminario Internacional en Bruselas sobre «Economía al servicio de la sociedad», nuestra intervención se centró en los costes de las Rentas Mínimas de Inserción. Unos costes que se provocan en la percepción de las rentas, al necesitar como condición obligatoria disponer una cuenta corriente. Para el período 2011-2016 estimamos unos costes de entre 200 y 600 M€, unos costes que hubieran podido limitarse de manera parcial con una mejor Educación Financiera.
Pero nos centramos especialmente en los costes a partir de 2016, ya que debido a la Directiva 92/2014 (una directiva sobre cuentas de pago básicas) que en España se encuentra en proceso de trasposición, y que ha llevado a la Comisión Europea a denunciar ante la justicia europea al Gobierno de España. El proceso actualmente se encuentra activo, es decir tanto el Ministerio de Economía, como el Gobierno están en la línea de aprobar y acotar las medidas.
Esto hubiera supuesto de nuevo un gran ahorro para las familias beneficiarias de RMI, y a su vez para las administraciones que conceden las ayudas. Ya que entre un 3 y un 10% de las ayudas se están derivando directamente al pago de comisiones.
Por ello creemos necesaria la completa trasposición de la Directiva 92/2014, la implementación del Real Decreto relativo a cuentas de pago básicas para colectivos especialmente vulnerables y como no podía ser de otra manera la difusión y medidas de apoyo necesarias para que las personas y familias potencialmente beneficiarias accedan a las mismas.
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