La campaña #FacturasImposibles llega al Ministerio para la Transición Ecológica

La FFM Isadora Duncan, junto con el resto de entidades que componen la campaña #FacturasImposibles, se reunió ayer en el Ministerio para la Transición Ecológica con Marc Isaac Pons (Director del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno) y personal técnico, para trasladar las propuestas de mejora para hogares en situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación llevamos trabajando desde el pasado mes de octubre para lograr visibilizar un problema de deudas y falta de cobertura del bono social eléctrico. Un problema que se lleva fraguando desde el confinamiento y que debe tener una respuesta integral desde el Ministerio para la Transición Ecológica, ya que a las situaciones de vulnerabilidad reconocidas se ha sumado una escala de los precios de la energía que resulta complica aún más las posibilidades de las familias.

Las propuestas que se trasladaron fueron:

Automatizar el acceso al bono social eléctrico, cumpliendo la medida nº 4 de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y teniendo como ejemplo a Portugal, que en octubre de 2016 realizó dicho trámite y logró un incremento del 283% en el número de hogares beneficiarios. La iniciativa ha sido reconocida en los premios de Iniciativa Pública 2020 por las Naciones Unidas. Abordando los SDGs 1, 7 y 11.
Fuente: https://publicadministration.un.org/unpsa/database/Winners/2020-winners/ASET
Documentación

Deslimitar el bono social eléctrico en lo relativo a kWh, ya que se considera que la renta ejerce la presión suficiente para que no se produzca un gasto desproporcionado de energía eléctrica, algo que puede corroborar la media de consumo que existía en el anterior bono social eléctrico (que no tenía límites de renta para poder beneficiarse del mismo). La medida vendría a paliar la problemática de los hogares que se apoyan de manera puntual o total en la electricidad para la calefacción. Unas unidades familiares que están teniendo que abandonar la figura de protección del bono social ante la insuficiente cuantía bonificada, que aboga a las mismas a recibir facturas totalmente inasumibles. En España un 13% del parque de viviendas principales con sistemas de calefacción cuentan con sistemas eléctricos de calefacción según el Estudio de la distribución del consumo energético residencial para calefacción en España. Estudio encargado por el Ministerio de Fomento a Fundación Conama, en calidad de co-coordinador del grupo de trabajo GTR. (2017) – https://bit.ly/3H8oiS7

Aprobar un plan para poder afrontar las deudas que no suponga nuevas exigencias para las familias en situación de vulnerabilidad para poder afrontar las deudas que ya se han generado en muchos de los hogares. Es necesario también poner a disposición de las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico los bonos térmicos de los ejercicios 2020 y 2021, a ser posible a lo largo del año 2022 (de una manera sencilla y coordinada por todas las CCAA y ciudades autónomas, ya que nos encontramos con problemas para que los bonos térmicos lleguen de manera efectiva a muchas familias). A pesar de ser una medida absolutamente insuficiente las personas que tienen derecho al mismo deben poder recibirlo..

Mantener la ampliación de los descuentos del bono social del 25 al 60% y del 40 al 70% hasta la aprobación de medidas estructurales como la tarifa social y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Impulsar la creación de una tarifa social de electricidad, como medida estructural para garantizar el derecho a la energía de la ciudadanía. En dicha tarifa, el precio del kWh no debería estar sujeto a la variación de los precios y a la volatilidad del mercado mayorista, como sucede con el PVPC, y tendría un precio estable revisable de forma semestral. Una vez se implemente la automatización vinculada al bono social planteada en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el establecimiento de este tipo de mecanismo no debería ser especialmente complejo. Así, se podría establecer una tarifa vinculada progresivamente a la renta del hogar o una tarifa social base y una tarifa social reducida para consumidores vulnerables severos.

Por último, se recordó la necesidad de la puesta en marcha de la Mesa social de pobreza energética. Un órgano que que reunirá a representantes del Ministerio para la
Transición Ecológica y a las principales organizaciones sociales con actuación en materiade pobreza energética, según consta en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.