¿Existe realmente el concepto de pobreza energética?
Actualmente sí.
«La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía».
Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética
La prevención de la pobreza energética lleva años siendo parte de nuestro programa. Está claro que la pandemia ha vuelto a poner sobre la mesa una problemática que tiene tres patas: los ingresos de las familias, la eficiencia del parque de viviendas y el coste de la vivienda y sus suministros .
Según la EPF (Encuesta de presupuestos familiares) el acceso a una vivienda y sus suministros son el principal gasto de las familias. Por ello, consideramos cada vez más necesaria una política sencilla de acceso a la vivienda. La vivienda debe ser una parte sustancial del estado de bienestar y, como tal, debe ser parte de las políticas que traten de mitigar la vulnerabilidad energética.
España es un país que aún se caracteriza por las viviendas en propiedad lo que facilita en muchos casos implementar medidas de eficiencia energética. Tradicionalmente, ha reservado el mercado del alquiler para fenómenos urbanos, temporales o vacacionales, algo que se observaba muy bien en la evolución de los precios de alquiler según meses.
La vivienda en España es el principal activo de las familias y, en lo últimos 15 años, hemos vivido un gran cambio de tendencia. El alquiler, una modalidad que antes condicionaba a determinados colectivos y familias, ha pasado a tener un importante crecimiento en toda la sociedad, ya que se ha pasado de una de cada cinco familias en esa modalidad a una de cada cuatro. Ademas, se debe tener en cuenta la falta de un parque de vivienda pública., ya que sólo algunas Comunidades Autónomas han optado por esa política de vivienda. Por ello, el incremento en alquiler está centrado de manera exclusiva en la vivienda de alquiler libre, que pasa del 10,7 % al 15,8% del total, mientras las viviendas en alquiler social o cesión han descendido en un 8% en el período 2007 – 2019.
La falta de una política de vivienda definida, el uso de los planes de vivienda por las diferentes Comunidades Autónomas y el mercado laboral español, forman un caldo de cultivo perfecto para generar fenómenos de vulnerabilidad energética. Algo que, sumado a prácticas comerciales agresivas por parte de determinadas empresas comercializadoras de suministros básicos, y una protección a las familias relativamente laxa, ha llevado a la consolidación de la vulnerabilidad energética como una problemática de la que sólo están protegidas en España algo más de 1,1 millones de familias según la CNMV. Ese 1,1 millones contrasta con las cifras que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ofrecían en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que barajaban que hasta un 17% de la población puede estar conviviendo con situaciones de vulnerabilidad energética, llegando a ser el peor de los cálculos superior a los 8 millones de personas.
Por ello, desde la FFM Isadora Duncan, reclamamos una vez más simplificar los reconocimientos de las situaciones de vulnerabilidad, abandonar las gymkanas de documentación, procesos y renovaciones., y lograr de una vez que las medidas diseñadas para paliar problemáticas como la vulnerabilidad energética se conviertan en soluciones, y no en nuevas obligaciones. El proceso del bono social debe estar automatizado y se debe controlar el fraude, pero no se debe dar por hecho que se busca el fraude. Continuamente vemos en el apoyo a familias, que deberían llevar años siendo beneficiarias de bono social, prácticas reprochables por parte de los diferentes agentes que deben complementar las solicitudes, desde entidades locales, personal de las mismas, comercializadoras, etc.
En el caso de continuar con el modelo actual, se debe exigir atención telefónica especializada, ya que no son pocas las veces que nos hemos topado con personas que desconocen completamente la legislación vigente en lo relativo al bono, y aún así, y debido a su posición de poder no facilitan la gestión del mismo. El excesivo celo que las compañias han demostrado en la gestión tampoco ayuda, la no aceptación de documentación no anonimizada para determinados reconocimientos, cuando la persona tiene un carnet (caso de las personas con discapacidad) genera innecesarias visitas a profesionales de servicios sociales que debe modificar una y otra vez sus horarios para dar atención a un gran volumen de población vulnerable. Este tipo de comportamiento, avalado por el BOE, lleva a realizar documentación de reconocimiento para situaciones en las que la persona cuenta con un carnet o certificado de reconocimiento. Entendemos que el certificado anonimizado es interesante para dos situaciones de las cinco descritas en los agravados del bono social. Sin embargo, en el caso de las otras dos, ya que para la monoparentalidad no se exige, se trata de situaciones que cuentan con sus certificaciones legales vigentes.
Desde nuestra entidad, y tras años de gestiones para familias que han acudido a nosotras como lugar de referencia, nos gustaría reconocer la paciencia de las personas que trabajan en el ámbito, personas en las empresas, la administración, el tercer sector, etc. Así mismo creemos sinceramente que la pandemia nos ha enseñado que se pueden realizar miles de gestiones sin problemas, desde nuestro domicilio, aportando la documentación de buena fé y tratando de lograr el proceso más sencillo posible. Por ello, pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica la automatización de los bonos eléctricos y térmicos, la creación de un proceso de reconocimiento automático basado en la aplicación de renta existente y que se mantenga el proceso de aportación de documentación para situaciones puntuales, similar al bono social COVID, que se ha diseñado y aplicado durante la pandemia. Todo esto lo decimos porque el número de bonos sociales ha caído de manera significativa y esa caída se debe seguramente a la falta de renovación por miles de familias. Esas miles de familias no han salido de la situación de precariedad, y menos en pleno 2020, por lo que nos parece importante generar un proceso de automatización del bono social, cuarta medida reflejada en la ENCPE.