Sí, ese es el resultado que observamos al analizar los indicadores que ha publicado hoy el Ministerio para la Transición Ecológica.
Viendo la valoración que se hace desde el Ministerio «mejoran tres de los cuatro indicadores«, vemos muy optimista esa conclusión. Es verdad, ha sido un año complicado para analizar, ya que los datos son de 2021, pero la realidad es que se mantiene tanto el retraso en el pago de las facturas, como el gasto desproporcionado. Solamente la pobreza energética escondida parece descender de manera importante. A mayores, el cuarto indicador, el que mide las temperaturas inadecuadas de las viviendas en invierno, se incrementa casi un 50%, pasando del 11% al 14,3% de los hogares. Un valor que se aleja totalmente de los valores que teníamos hasta el año de la pandemia (siempre por debajo del 10%) y que empeorará ante la realidad de precios del año 2022. Algo que nos hace ver lo complicado que va ser cumplir el objetivo marcado en la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENCPE) que se ponía un valor esperado para 2024 del 6% y un óptimo del 4%.
Sí, se debe destacar que en el año analizado se mantuvo la moratoria de cortes, algo que veremos si se prorroga en próximas fechas, y para lo que nuestra entidad se ha sumado a la campaña #TicTacCortes. Que viendo estos indicadores parece aún más necesaria que nunca. A mayores, debemos tener en cuenta la batería de medidades que se articularon el año pasado: recorte de los cargos en la factura eléctrica, la protección del precio de la TUR en gas, reducciones de impuestos y un largo etcétera de medidas.
¿Y las familias monoparentales?
Aquí vamos a detenernos un poco, vamos a recordar que desde 2018 el bono social ya las incorporaba dentro de las circunstancias especiales incrementando el baremo de renta, algo que se mejoró en la última reforma de marzo en lo relativo al ingreso máximo que se tenía en cuenta para la concesión. Por ello, muchas han contado al menos con la seguridad de no estar en riesgo de corte y se han podido beneficiar de los descuentos existentes. Aún así, y con los datos que se aportan en el documento podemos concluir lo siguiente:
Las familias monoparentales están soportando una carga tremenda de la crísis energética, se trata de hogares en los que entra un único sueldo y se afronta con ese importe el total de gastos de la familia. Eso nos lleva a que el indicador de gasto desproporcionado (2M), mientras para el conjunto de la sociedad tenemos expuestos al 16% de los casos, en el caso de las monoparentales rozamos el 22%, una cifra que indica la baja intensidad que ha tenido el bono social en el colectivo, ya que debería haber facilitado una rebaja sustancial del importe de la factura y un menor peso en el presupuesto familiar.
En lo que se conoce como pobreza energética escondida (HEP), el colectivo ha visto un descenso superior al resto de la sociedad en dos puntos, del 10,25% al 8,99% . Probablemente, parte de la causa sea el aumento de precios, ya que el HEP mide a los hogares que están por debajo de la mitad de la mediana nacional de gasto en euros en energía.
En el caso de las familias que sufren temperaturas inadecuadas en los meses de invierno, pasando del 17,9% al 25,1%, vemos un incremento del 40%, llegando a un valor que debe poner las políticas de familia en su lugar. Ya que una cuarta parte de la población reconocida como familias monoparentales está viviendo esa realidad. Algo que para el resto de la sociedad se da en uno de cada siete casos. Está claro que las políticas de vivienda, especialmente las relativas a la rehabilitación y mejora de las mismas, tienen que entender que las familias monoparentales son prioritarias.
Por último, el indicador relativo a los retrasos en los pagos de las facturas de suministros, nos señala que casi un 22% de las familias monoparentales están sufriendo esa situación. Algo que supone un porcentaje muy elevado en relación con la media estatal (9,5%). Aquí volvemos a poner de manifiesto la necesidad de que las familias cuenten con toda la información posible, para conocer las opciones más económicas, caso del bono social eléctrico o la TUR en el gas, y que tengan puntos de asesoramiento que las permitan hacer frente a las deudas de una manera racional, ya que el aumento de precios que se señalaba en 2021 ha empeorado para muchas familias en 2022.
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