Cambios drásticos en el Bono Social, eso es lo que parece al menos con las noticias publicadas sobre parte de las nuevas medidas, entre ellas:
- La creación del denominado: hogar con vulnerabilidad severa (en estos casos el 50% de la factura será financiada por las administraciones (CCAA/Aytos) y otra parte por las eléctricas.
- Existirán varios supuestos socioeconómicos (aún por conocer) pero entre ellos estarán posiblemente las discapacidades y circunstancias especiales.
- El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 537,84 € al mes) pasará a ser medida de referencia en lo referente al Bono Social.
- En este borrador las familias numerosas pierden su condición de beneficiarias plenas.
Más novedades, en el caso de que la empresa quiera «cortar la luz«, el plazo será de dos meses (se reclamará desde el primer momento cualquier impago y se harán otros dos avisos, el último será una reclamación fehaciente de pago) en el caso de los hogares vulnerables severos el plazo será de cuatro meses independientemente de que sea invierno o verano.
Otra medida muy importante es que las comercializadoras deberán informar y comunicar a las familias que pueden acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y al bono social. Y algo aún más importante, las empresas tendrán que informar de que estar en el mercado libre impedirá recibir el bono social (algo que ha creado mucha confusión y que muchas familias aún desconocen). Además, no podrán aplicar ninguna penalización o coste adicional por cambiar del mercado libre al PVPC, siempre que la familia acredite los requisitos para ser considerado vulnerable.
Por lo que parece, importantes y grandes cambios van a llegar a nuestra factura eléctrica. El borrador pasará por las Comunidades Autónomas y posteriormente volverá al parlamento. En nuestra opinión es complicado que esté en funcionamiento antes del verano, y lo más probable es que no lo veamos como pronto, hasta septiembre.
Permaneceremos atentas a todas las novedades, y a las posibles modificaciones que desde autonomías, ayuntamientos, entes locales y distintos grupos políticos se propondrán.