Desde el programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética de la FFM Isadora Duncan pensamos que si las comunicaciones y las telecomunicaciones han pasado a ser servicio universal, los suministros básicos no pueden ser menos. Y deberían tener la misma condición de universalidad y prohibición total de corte durante el estado de alarma, aún de manera provisional, con el debido control y registro (datos que ya existen y que podrán ser posteriormente controlados por comercializadoras y distribuidoras). Lograr su universalización es necesario para no generar más problemas (como tratar a día de hoy de conseguir la documentación para la concesión del Bono Social, cuando para una familia que ha tenido ingresos regulares no va a servir, ya que para ser reconocida como vulnerable se utilizarán datos del anterior ejercicio fiscal). Y recalcamos que la medida es necesaria para no dejar a ninguna persona o familia atrás.
Las empresas pueden optar por no suspender ningún suministro, como alguna ya ha comunicado, o bien continuar pasando los recibos y ver cómo responden miles de unidades familiares que están sufriendo desde varios flancos. Pero creemos sinceramente que con una comunicación por parte de la unidad familiar, asociada a una declaración responsable u otro documento análogo, debería ser suficiente para estar dentro del Bono Social y así poder estar realmente protegidas antes cortes o ingresos insuficientes que no permitan el pago de los recibos.
Según el Real Decreto que desarrollaba el nuevo bono social de octubre de 2017, el número de personas esperado que se preveía podían beneficiarse de manera efectiva de bono, era de unos 4,5 millones de personas. Con datos del último Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC disponible, febrero de 2020, nos encontramos con un total de 1.240.000 suministros con el bono concedido. Es evidente que la medida no ha llegado a los 4,5 millones de personas que estaban en situación de vulnerabilidad en octubre de 2017, y con la realidad actual queda patente que el proceso y criterios de solicitud son excesivamente rígidos para momentos de emergencia.
No entraremos en la ampliación del número de beneficiarias que han podido suponer las familias monoparentales o las unidades familiares que cuentan en ellas con personas dependientes de grado II y III (ambos supuestos aumentarían la base de 4,5 millones de personas beneficiarias). Tampoco en el farragoso proceso de obtención de los datos que ya están a disposición de la administración. Ni siquiera entraremos a valorar la actitud inicial de determinadas compañías, no aceptando la subsanación de errores como norma, y obligando a comenzar el proceso a miles de unidades familiares cuando un documento no era el adecuado.
Solamente valoramos que ante momentos excepcionales se requieren medidas excepcionales, y con más razón en un momento en el que se nos pide «Quedarnos en casa». De nuevo desde la Fundación de familias monoparentales Isadora Duncan proponemos la universalización de los servicios básicos durante el estado de alarma, y la aplicación del bono social a las unidades familiares que lo soliciten mediante declaración responsable, bien por medios telemáticos o bien por medio de grabación telefónica.