En relación a la publicación: “Buenas prácticas regulatorias: Una propuesta para el sector eléctrico español” desde la FFM Isadora Duncan, y en base a la información que se aporta sobre el bono social eléctrico, nos gustaría matizar determinados datos que se han publicado y nos parecen erróneos y que llevan a unas conclusiones totalmente contrarias a la realidad actual.
En el primer apartado relativo a la situación actual se resume el bono social del RD 897/2017 sin aportar los supuestos de circunstancias especiales, que protegen con un agravado por renta a cinco colectivos. Los supuestos de reconocimiento de circunstancias especiales son:
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- Discapacidad igual o superior al 33%
- Víctima del terrorismo
- Víctima de violencia de género
- Dependencia con grado II o III
- Monoparentalidad
Las tres primeras circunstancias especiales reconocidas desde la creación del bono social eléctrico de 2017 y el resto desde el año 2018, por medio del RD 15/2018.
El consumo máximo bonificado, tal y como se indica en el informe, está limitado dependiendo de la cantidad de personas que compongan la unidad de convivencia, pasando a pagar a precio de mercado el resto de kWh que se consuman por la unidad familiar.
El precio que figura en la factura que le llega a las familias y personas beneficiarias ya informa del precio de mercado que esa unidad está pagando, ya que se específica el monto del descuento y la cantidad de dinero que se rebaja según la componente de la factura (bien sea para la parte de potencia, o para la de consumo).
En el siguiente párrafo se comete un grave error, ya que se dice que: “Como se observa en el Gráfico 7, la aprobación del Real Decreto 897/2017 permitió multiplicar por algo más de 2 el número de consumidores acogidos al bono social, de 600.000 en enero de 2018 a 1.300.000 aproximadamente en mayo de 2020. A partir de dicha fecha, el número de consumidores con bono social se redujo hasta 1.100.000 y volvió a incrementarse hasta casi 1.300.000 según el último dato disponible”. Esa información sólo se puede entender desde personas que desconocen profundamente la realidad del bono social en España. El bono social en enero de 2018 contaba con un total de 2.307.065 hogares beneficiarios, suponiendo un coste para el 2017 de 194 M€, un bono social que no contaba con limitaciones por renta y menos aún con límites de consumo. Algo que desde la campaña #FacturasImposibles hemos explicado que lleva a muchas familias a no estar suficientemente atendidas al contar con un modelo de hogar totalmente eléctrico, que contrasta con el diseño de la medida, que se apoya en el consumo de hogares con un sistema de calefacción y de ACS apoyado en otro combustible.
El dato que aportamos es fácilmente accesible en cualquier Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, en nuestro caso hemos utilizado el de mayo de 2018, y nos apoyamos en la gráfica que se publicaba en el Boletín de Indicadores Eléctricos de septiembre de 2018, para que se pueda observar la gran cantidad de bonos sociales eléctricos vigentes a enero de 2018, ese bono social suponía un 25% de descuento del total de la factura, independientemente del consumo realizado por la unidad familiar, y a mayores no contaba con un control de la renta de la unidad familiar, bastaba con tener contratada una potencia de menos de 2,3 kW, o bien estar en el supuesto de familia numerosa, todas las personas de la unidad familiar en paro, pensionistas o estar en la anterior tarifa social anterior a julio de 2009.
En el siguiente párrafo se realizan varias afirmaciones que o son complejas de demostrar o carecen de la suficiente consistencia: Se dice:
“El diseño actual del bono social eléctrico provoca en los beneficiarios una falsa sensación de abundancia de electricidad, al ver estos consumidores en sus facturas un precio más bajo que el que refleja la verdadera escasez de la energía, lo que lleva a un mayor consumo de este producto.”
Según los datos de la CNMC los hogares en Comercializadoras de Referencia consumen menos energía que las familias en mercado libre, es una constante en los diferentes boletines que se publican de indicadores eléctricos. A mayores, las familias tienen, en el mercado regulado, unas facturas en las que está presente el precio de mercado que pagan por su energía, algo de lo que carecen miles de hogares que pagan tarifas planas en el mercado libre y en las que no se indica el coste de la energía.
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“Por otro lado, con el modelo actual no existe para el consumidor vulnerable la posibilidad de elegir una comercializadora alternativa al comercializador de referencia y al PVPC, con lo que no pueden aprovechar todas las ventajas de la liberalización y las posibles mejores ofertas de precio o de perfil de pagos que podrían añadirse a la protección que proporciona el Gobierno (y, en su caso, las Comunidades Autónomas, que pueden completar el bono)».
Se afirma que las familias no pueden optar por las ventajas de la liberalización, una opción que sólo ha resultado más ventajosa en el ejercicio 2021 de manera puntual y no para todos los contratos. Siendo una opción peor, de media, en cinco de los últimos siete ejercicios. Y que con la crisis energética ha quedado claro que se comporta de peor manera ante situaciones de vulnerabilidad, con un claro ejemplo en el alza de los precios del gas natural y la renovación de contratos con incrementos de hasta seis veces el precio anterior existiendo la figura de la TUR con restricción del incremento de precios fijada en el RD 17/2021. A mayores de toda la legislación que se ha creado para eliminar servicios innecesarios que se vinculaban a los contratos y suponían un incremento sustancial de las facturas eléctricas de las familias y personas consumidoras.
Se vuelve a comentar lo siguiente: “Bajo el nuevo esquema, los consumidores elegibles verían el precio real de la electricidad y tendrían libertad para asignar el monto del cheque al consumo de cualquier bien. Con ello, se evitan distorsiones en las decisiones de consumo entre los distintos bienes de la cesta de la compra de estas familias, se elimina la falsa sensación de electricidad abundante y se desincentiva el derroche en el consumo de energía”.
El precio real de la electricidad es el que observan en las facturas de PVPC, ya que el precio del mercado libre es un precio que la empresa plantea a cada hogar o familia sin indicar las componentes del mismo, es decir que se está pidiendo literalmente que las empresas del mercado libre expliquen de manera detallada sus costes o beneficios, o bien, que se asuma por los hogares que el precio que se estipula en los contratos es “el precio de la energía”. De nuevo se reitera en la problemática del derroche y en la sensación de abundancia, cuando los datos de la CNMC, y la experiencia de diversas entidades del ámbito social, académico y ambiental nos deja claro que el limitante de ingresos obliga a tener un consumo inferior al de la media de los hogares, y que exceptuando una de las opciones de bono social eléctrico, todas cumplen requisitos de renta y absolutamente todas, incluida la que no tiene límite de renta para obtener el bono, tiene un límite de consumo bastante estricto. Ya que no se tiene en cuenta la tipología de la vivienda, si existe una calefacción eléctrica o si el hogar cuenta con personas que requieren un alto consumo energético por problemas de salud, casos en los cuales hablar de “derroche o sensación de abundancia” debería tenerse en cuenta por respeto a su situación personal o familiar.
Por último, se pone de ejemplo el bono social térmico, una medida que tenía una muy buena intención, pero está resultando realmente problemática al no estar teniendo una efectividad total. Se recomienda como buena práctica cuando actualmente existe un retraso de una anualidad completa en el pago de la misma, cuando tenemos cientos de casos en los que las comercializadoras están trasladando datos incompletos que conllevan que las familias no reciban el bono social térmico que tienen reconocido, cuando el mismo se paga en el mejor de los casos de una manera única a finales de primer semestre. Sustituir el bono social eléctrico por un cheuque único no vinculado a la energía, y que no es mensual como el actual bono social, conllevaría la generación de deudas que podrían empeorar la efectividad de la medida. Ya que el cobro podría estar vinculado a cuentas bancarias en las que se cobren comisiones, se exijan certificados o documentación por la que esas entidades financieras requieran un pago y que finalmente la ayuda pase de ser 100% aplicada en factura y para energía a una aportación económica que no llegue de manera íntegra a la persona o familia beneficiaria.
Nuestra entidad lleva años trabajando la pobreza energética y solicitamos que antes de publicar un informe que pueda tener tanta difusión se realice un control de la información que se va a publicar. La vulnerabilidad energética es un problema que comprende algo más allá de la simple falta de ingresos, ya que incluye la calidad de la vivienda y el precio de la energía. Miles de hogares han caído durante los meses de invierno de 2022 en riesgo de pobreza energética, aun teniendo unos altos ingresos. Por ello, consideramos necesario que las medidas de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética se lleven a cabo, con especial incidencia en lo relativo a la automatización del bono social eléctrico y con el necesario análisis de cómo abordar la pobreza energética en todo lo relacionado con la vivienda.
Fuentes:
Boletín de Indicadores eléctricos de diciembre de 2017. CNMC 2017
Boletín de Indicadores eléctricos de diciembre de 2018. CNMC 2018
Boletín de Indicadores eléctricos de febrero de 2020. CNMC 2020
Boletín de Indicadores eléctricos de febrero de 2021. CNMC 2021
Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2022. CNMC 2022
Boletín de Indicadores eléctricos de febrero de 2023. CNMC 2023