Esta semana ha tenido lugar la publicación de dos informes técnicos que han puesto de relieve diferentes problemáticas vinculadas a la situación de la vivienda en España, por un lado el Grupo de Estudios Críticos Urbanos, analiza el mercado del alquiler y las desigualdades que del mismo se desprenden, y por otro lado Provivienda, plantea el análisis de los planes que promueven la rehabilitación energética de viviendas a nivel nacional y europeo, con el fin de promover mecanismos y políticas que hagan más asequible y mejoren la calidad energética de las viviendas.
Desde Gestión Familiar queremos hacernos eco de ambas publicaciones y destacar las aportaciones que se presentan:
En la presentación de su informe, Provivienda resalta la importancia fundamental de las políticas que consideren a aquellos con menos recursos o mayores dificultades de acceso a la vivienda. Esto, según la ONG, no solo promueve la asequibilidad de los hogares, sino que también evita desplazamientos y efectos negativos por gentrificación. Cerca de nueve millones de viviendas en España enfrentan problemas de conservación y aislamiento, y un alarmante 86% de los hogares españoles no han mejorado el aislamiento térmico de sus viviendas en los últimos cinco años.
Se suman datos adicionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el 93% de las viviendas en alquiler y el 91% de los hogares en riesgo de pobreza se ven afectados por esta situación. Problemas como humedades y falta de aislamiento afectan al 34% de los hogares en alquiler, mientras que un tercio de los hogares en pobreza tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada durante el invierno.
Apuntando hacia soluciones, se insta a España a presentar un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios con metas claras hasta 2050 para cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios. Además, resaltan el aumento del presupuesto estatal destinado a políticas de vivienda, principalmente dirigido a la rehabilitación y promoción de vivienda social sostenible. Desde Provivienda se destaca la importancia de financiar hogares y barrios vulnerables, promover la vivienda social a través de la rehabilitación, y adoptar una perspectiva climática sostenible en las políticas sociales y de vivienda. Se subraya, asimismo, la necesidad de ajustar las políticas de rehabilitación a diferentes situaciones de vivienda, asegurando que las mejoras lleguen a las familias de alquiler sin impactos negativos en forma de aumentos de alquiler inasumibles.
En el informe presentado por GECU (Grupo de Estudios Críticos Urbanos), se pone de manifiesto la marcada desigualdad socioeconómica que surge de la transferencia regresiva de rentas
de inquilinos a caseros en el mercado de alquiler. Los resultados son concluyentes y revelan una brecha significativa entre estos dos grupos demográficos. Los datos muestran que los hogares de caseros están entre los de más altos ingresos en el país, superando ampliamente tanto a los inquilinos como a los propietarios de viviendas. En la última década, el aumento del precio de los alquileres ha sido 2,3 veces mayor que el aumento de la renta de los hogares, lo que ha exacerbado la desigualdad entre caseros e inquilinos.
Es importante destacar que los hogares de caseros son el grupo de mayor renta del país, incluso sin considerar los ingresos por alquiler. A lo largo de la última década, el aumento en los precios de los alquileres ha contribuido aún más a este fenómeno. Incluso si los ingresos derivados del alquiler se redujeran o desaparecieran, los caseros seguirían siendo el grupo con mayores ingresos en el país.
La ratio de desigualdad entre caseros e inquilinos revela que los ingresos de los caseros son entre 2,15 y 2,58 veces superiores a los de los inquilinos. Si se eliminara el ingreso proveniente del alquiler de propiedades, la disparidad disminuiría, pero los hogares de caseros seguirían teniendo una renta mediana entre 1,82 y 2,13 veces mayor que la de los hogares de inquilinos.
Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de abordar la desigualdad en el mercado de alquiler y adoptar políticas que promuevan un acceso equitativo a la vivienda para todos los segmentos de la sociedad.